Por qué se denegó el título ejecutivo
Un tribunal arbitral ad hoc dividió una parcela entre T. V. Solodovnikova y otro propietario, poniendo fin a su copropiedad. El tribunal estatal denegó un título ejecutivo, al considerar los inmuebles y su posterior inscripción materias reservadas a los tribunales estatales. La solicitante impugnó el artículo 131(1) del Código Civil y el artículo 14(2)(5) de la Ley de Inscripción Inmobiliaria.
La interpretación constitucional
Bajo Sentencia 46-P, estas disposiciones no excluyen el deber de expedir un título ejecutivo en un litigio civil sobre la propiedad, salvo que se acredite y motive plenamente una vulneración del orden público. El carácter inmobiliario o la necesidad de inscripción no bastan por sí solos para demostrarla. Debe seguir examinándose cualquier exclusión independiente, como el carácter sucesorio del litigio.
Buena fe y derechos de terceros
Los apartados 4.2 y 5.2 preservan la protección de los terceros que no hayan consentido. Un laudo que decida sus derechos y obligaciones vulnera el orden público; también sigue siendo posible una acción patrimonial independiente. La simulación procesal, la elusión de la ley o la desatención de los intereses de terceros, cuando se acrediten, pueden justificar una denegación. La mala fe exige prueba y motivación, no una inferencia basada en el tipo de bien.
Disposición y límites
El Tribunal Constitucional declaró las disposiciones conformes con la Constitución según la interpretación indicada y ordenó revisar las resoluciones judiciales de la solicitante. No expidió por sí mismo un título ejecutivo ni inscribió la titularidad. La sentencia no garantiza la ejecución de todo laudo inmobiliario: siguen siendo aplicables las exclusiones legales, los motivos de control y los remedios de terceros.
Utilización de la comparación
Primero deben distinguirse el litigio privado sobre la propiedad, la inscripción y la objeción concreta de orden público. Las guías sobre arbitrabilidad, ejecución y anulación y denegación abordan estas cuestiones. En otro asunto debe identificarse qué derechos decide realmente el laudo y qué hechos respaldan la supuesta infracción.
Información general. El marco jurídico aplicable depende del país de controversia, sede y ejecución.